Un breve comentario sobre «Misoginia judicial», de Beatriz Gimeno
Catarata

Misoginia judicial (Catarata, 2022) analiza procesos y sentencias de los que se deduce una guerra jurídica contra el feminismo. Recuerdo que lo recomendé en Instagram tras la sentencia del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard al leer tantas opiniones sobre ella. Estas son las ideas con las que me quedé tras su lectura.
Una reacción contra los avances
El punto de partida es que la violencia institucional contra las mujeres existe y ha ido creciendo en los juzgados. Gimeno la interpreta como una reacción de rabia contra lo que el feminismo ha conseguido en las últimas décadas.
«(...) las políticas públicas feministas son jóvenes. Veinticinco años no son suficientes para cambiar una estructura incardinada en lo más profundo de nuestras subjetividades, además de en todas las instituciones políticas y sociales».
La autora insiste en que las leyes contra las violencias machistas tienen un impacto limitado si el Estado no vela por su cumplimiento ni evalúa de forma constante cómo se aplican.
Juzgar con perspectiva de género
Una de las herramientas que defiende es la perspectiva de género en las resoluciones judiciales. Es una idea que también recorre Machismo y cultura jurídica, de Caterina Canyelles. La supuesta neutralidad del derecho no resiste la lectura de muchas sentencias y, los estudios de psicología jurídica, coinciden en que la forma de razonar de los tribunales tampoco es inmune a los estereotipos de género. Que una mujer tarde en denunciar, retire la denuncia o no llore en el juicio sigue pesando en cómo se valora su palabra.
Madres protectoras y el falso SAP
Gran parte del libro se centra en las llamadas madres protectoras: mujeres que acuden a la justicia para proteger a sus hijos e hijas del maltrato o de los abusos sexuales del padre y que acaban sufriendo un calvario judicial.
«La violencia (institucional) puede calificarse de auténtica venganza patriarcal; contra las mujeres que denuncian, por ejemplo. Venganza de los y las funcionarias que, de manera consciente o inconsciente, aplican su propio sesgo androcéntrico y machista y desconfían de ellas, a las que culpan y ven con desconfianza, empatizando más con el agresor que con la víctima».
En muchos de esos casos aparece el llamado síndrome de alienación parental (SAP), que presupone que la madre manipula a sus hijos para ponerlos en contra del padre, a pesar de no contar con aval científico. La ley de protección a la infancia de 2021 ya pedía a los poderes públicos que impidieran que planteamientos así se tuvieran en cuenta. Aun así, el GREVIO, el grupo de expertas del Consejo de Europa que vigila el cumplimiento del Convenio de Estambul, seguía detectando en 2024 un uso persistente del SAP en España, con el riesgo de que la violencia contra las mujeres y sus hijos pase desapercibida.
En mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó una ampliación de esa ley que prohíbe de forma expresa el SAP y cualquiera de sus reformulaciones: los informes basados en él no podrán usarse en procedimientos judiciales ni administrativos y las resoluciones que lo tengan en cuenta podrán impugnarse.
La cara más extrema de lo que está aquí en juego es la violencia vicaria, aquella que el agresor ejerce contra los hijos e hijas para hacer daño a la madre. Entre enero de 2013 y junio de 2025 fueron asesinados 66 menores en este contexto, según el Portal Estadístico de Violencia de Género.
Leyes pioneras, cambio cultural pendiente
Gimeno reconoce que España ha sido pionera. El propio GREVIO considera que, con la Ley Integral de 2004, el país adoptó un enfoque ejemplar frente a la violencia en la pareja. Su crítica apunta a que hay que evaluar qué parte de esas leyes se ha desarrollado y cuál se ha quedado a medias:
«Toda la legislación contra la violencia que tenemos en España, en muchos aspectos pionera, se ha desarrollado con mucha más facilidad en la parte asistencial y punitiva que la referente a la educación y transformación cultural, que nunca se ha puesto en marcha del todo, señal de las resistencias que siguen existiendo».
Me quedo con esa idea. Castigar y asistir ha llegado antes que educar y, mientras la formación feminista no alcance a todas las personas que trabajan en la justicia, la palabra de las mujeres que denuncian seguirá bajo sospecha.
Este libro me llevó a versionar en un collage su portada, obra de Pablo Nanclares.



